La ola de recortes
para paliar el déficit de las comunidades universitarias ha golpeado
hoy en la línea de flotación a la universidad pública española. El
decreto ley que aprobará mañana el Gobierno central otorgará potestad a
las comunidades autónomas para incrementar las tasas de matriculación
universitaria hasta un 66%. Actualmente, cada estudiante paga un 15% del
coste real de su formación, el resto corre a cargo del presupuesto
público. A partir del próximo año, los ejecutivos podrán elevar ese
porcentaje hasta un 25%, lo que de media, según los cálculos de
Educación, supondrá 540 euros más por curso para cada estudiante.
Las tasas universitarias varían actualmente entre los 700
y los 1.400 euros dependiendo de la región y la carrera que se estudie.
A mayor cantidad, mayor será por tanto el incremento. Además, en el
caso de los repetidores la cuantía aumentará de un 30% a un 40% del
coste del curso para la segunda matrícula de una misma asignatura, del
65% al 75% para la tercera y del 90% al 100% en el caso de la cuarta.
El ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha informado de
esta y otras medidas a los consejeros de Educación de las comunidades
autónomas -"solo nos informó, no nos consultó" se quejó el secretario
general de Universidades andaluz, Francisco Triguero-.
El objetivo es, según les ha explicado Wert, dotar a las
regiones de una serie de herramientas legislativas que les permitan
ahorrar en gasto y alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al
1,5% de su PIB a finales de 2012. "Nosotros ofrecemos un abanico de
posibilidades y serán las comunidades, dependiendo de la situación por
la que estén atravesando, las que decidirán cómo implementar de una u
otra forma las opciones que les estamos poniendo sobre la mesa", ha
indicado la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, Montserrat Gomendio, quien ha sido la encargada de
explicar los pormenores de la reforma a los medios de comunicación al
tener un acto el ministro con la Casa Real.
De momento, el País Vasco ya ha anunciado que en ningún
caso acometerá una subida de las matriculas, mientras que Andalucía ha
vinculado cualquier tipo de incremento a que vaya aparejado a un mayor
número de becas "en defensa de la equidad en la educación". El resto de
gobiernos autonómicos ha preferido guardar silencio a la espera de
evaluar la nueva situación.
"El dinero que se recaude de más corresponderá a las
propias universidades, pero al contar con mayor financiación las
comunidades podrán rebajar la asignación de los presupuestos que va
destinada a ellas", ha explicado la secretaria de Estado. Gomedió
también ha insistido en que no se reducirá la partida de becas. En
aquellas que cubra el 100% del importe de la formación del estudiante,
el incremento de la tasa correrá a cargo de su comunidad autónoma.
Docencia o investigación
La reforma también afectará al profesorado. El Ministerio
pretende marcar una línea fija entre docencia e investigación. Aquellos
profesores que atestigüen las horas dedicadas a la investigación
durante los últimos seis años verán recortadas sus horas lectivas con el
fin de que puedan dedicar un mayor esfuerzo a la misma. Para los que no
lo hagan el camino será el inverso y se les impondrá una mayor
presencia en las aulas. "Deberán elegir a que prefieren dedicarse en
mayor medida", ha apuntado Gomendio. Según los datos aportados por
Educación, el 50% de los docentes con condición de funcionario no se
dedica a labores de investigación.
Otro de los puntos del decreto ley contempla un mayor
control de las universidades por parte de los Ejecutivos autónomos. En
concreto, se pretende que en situaciones de déficit los órganos rectores
de las instituciones no puedan incrementar su gasto, obligando con
ellos a un mayor esfuerzo de las arcas públicas para su mantenimiento.
Igualmente, las comunidades podrán frenar los concursos de empleo
público si no los consideran convenientes.
El último vértice de la reforma obliga a un proceso de
diálogo entre todas las partes que derive en la aprobación de unos
requisitos mínimos que deban cumplir las universidades, y que van desde
recursos a número de alumnos por titulación. Según Gomendio, "existe un
número muy elevado de universidades y campus, pero sobre todo de
titulaciones" por lo que ha incidido en la necesidad de profundizar en
la eficiencia y viabilidad de cada institución y materia. "Muchas
comunidades autónomas nos habían solicitado que diéramos este paso", ha
afirmado la secretaria de Estado, que tal y como dijo el ministro el
lunes, este decreto ley no es una reforma educativa, esta aún está por
llegar.
No os olvidéis de dar vuestra opinión sobre el tema.
Un saludo amistoso de Inmasasú!
